Un lunes cualquiera, una secretaria de modernización vuelve de una reunión con una instrucción de una línea: su área tiene que incorporar inteligencia artificial. No programa, no sabe lo que es un modelo de lenguaje y no tiene por qué saberlo. Lleva quince años en el Estado y conoce su organismo mejor que nadie. Abre el buscador y le devuelve un océano sin jerarquía: cursos que no va a hacer, consultoras que ofrecen soluciones sin decir para qué problema, casos contados como milagros, advertencias catastróficas. Este libro está escrito para ella.

La instrucción está mal formulada, aunque quien la dio tenga las mejores intenciones. «Incorporar IA» suena a comprar algo, y ahí empieza el malentendido: la era de la inteligencia artificial no le pide al funcionario público aprender una tecnología nueva. Le pide criterio — distinguir cuándo un problema se resuelve con tecnología y cuándo no, cuándo un sistema merece confianza, cuándo la IA alivia el trabajo del Estado y cuándo lo empeora más rápido. Nada de eso se aprende programando.

Nueve capítulos recorren ese criterio aplicado a nueve problemas distintos: las olas de la modernización de Weber a la IA, el Estado como plataforma e infraestructura pública, iterar en lugar de planificarlo todo, el diseño que empieza por el ciudadano y no por el organigrama, el oficio de trabajar con máquinas sin entregarles el juicio, la forma que la IA le presiona al Estado, la apertura como estrategia de soberanía, y la política de implementar, que es donde mueren los proyectos que en el papel funcionaban.

No es un manual técnico ni un catálogo de casos para copiar. Es un conjunto de preguntas que un funcionario tiene que saber hacerse, y de criterios para responderlas, frente a cualquier tecnología que le pongan sobre el escritorio — se llame como se llame dentro de cinco años. El punto de partida es Teaching Public Service in the Digital Age, el proyecto abierto que fundó David Eaves, reescrito desde América Latina y corrido hacia donde hoy se juega la pregunta difícil.

Una guía práctica, escrita para que un equipo de gobierno pueda implementar identidad digital descentralizada sin depender de un proveedor que le explique qué compró. Empieza por lo conceptual —qué cambió en la relación entre el Estado y la web, por qué la legitimidad de lo público se juega hoy en cómo se verifica— y termina en un caso de uso concreto, implementado.

El argumento que lo organiza: la identidad no es un documento que una autoridad emite y guarda, sino una relación que se puede verificar. Cuando esa verificación deja de exigir que el ciudadano vuelva a la ventanilla, el trámite cambia de forma, y con él cambia el reparto de poder sobre los datos.

Nació de una colaboración poco habitual —una embajada, una empresa, una comunidad y un municipio— y esa mezcla se nota: hay capítulos de marco y hay capítulos de obra.

El primer mapa del ecosistema GovTech iberoamericano: quiénes lo componen, qué tecnologías usan y qué está cambiando de verdad en el sector público de la región. Más de treinta especialistas de una docena de países, cada uno escribiendo desde donde le toca — la academia, el organismo multilateral, el gobierno, la empresa.

El capítulo que le da el tono se llama «Gov es de Marte y Tech es de Venus», y se ocupa de la in-transferencia de conocimiento entre dos comunidades que no se hablan. Ese es el problema real: no la falta de tecnología, sino la distancia entre quienes la construyen y quienes tienen que decidir sobre ella.

De ahí en adelante el libro recorre el ecosistema por capas: la mirada de los organismos internacionales, la arquitectura empresarial del Estado como marco habilitador, las plataformas y la identidad descentralizada, y el panorama país por país.

Un capítulo por tecnología, escrito en 2017 por quienes las estaban implementando: inteligencia artificial y computación cognitiva, internet de las cosas, la nube, impresión 3D, big data y la convergencia entre lo social, la localización y la movilidad.

Leído hoy funciona como un documento de época. Casi todo lo que el libro anunciaba como tendencia ya está en el escritorio de cualquier organización, y eso lo vuelve más útil, no menos: muestra qué se veía venir, qué se veía mal, y cuánto de lo que parecía inevitable dependía en realidad de decisiones que alguien tomó después.

Doce ciudades argentinas contando lo que hicieron, en primera persona y con sus números. No es un catálogo de tecnología urbana: es una colección de casos donde se ve el trabajo — qué se intentó, con qué presupuesto, qué funcionó y qué no.

Bahía Blanca, Buenos Aires, Goya, Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Rafaela, Rivadavia, Rosario y San Miguel. Un centro de monitoreo, big data para gestionar seguridad, sensorización de servicios, ciudadanía digital, inclusión a nivel local, el paso del gobierno digital al gobierno de servicios.

El libro abre definiendo un modelo de ciudad inteligente para el contexto argentino, que es la parte incómoda: casi todos los modelos disponibles se escribieron para ciudades con otra escala, otro presupuesto y otro Estado.

Veinte capítulos, un sector por capítulo, para responder una pregunta que en 2015 casi nadie estaba midiendo en Argentina: qué efecto concreto tienen las tecnologías de la información sobre la economía y sobre la vida de la gente.

La industria, la banca, el agro, los servicios, el comercio electrónico, la salud, la educación, la sociedad civil, el Estado, la productividad del trabajo, la recaudación y la seguridad social. Cada capítulo con datos de su sector, escrito por quien lo conoce por dentro.

Incluye dos piezas que se salen del formato y que son las que más envejecieron bien: un análisis de los modelos educativos uno a uno y sus efectos sociales, y un enfoque filosófico sobre el impacto de la tecnología. Y una historia institucional —de Sadosky a Nasdaq— que recorre treinta años de organismos, cámaras y políticas del sector.